CARGA | Los camioneros están nerviosos por el inminente aumento de los combustibles y los subsidios previstos al FERROCARRIL.

LOS TRANSPORTISTAS QUIEREN TRANSMITIR QUEJAS A VAZQUEZ.

Crece la impaciencia de los transportistas de carga con el gobierno e incluso en la asamblea de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga realizada el viernes pasado en Trinidad se barajó la posibilidad de que el sector realizase un paro de actividades. Sin embargo, por el momento esa medida no se implementará a la espera de que la organización logre ser recibida por el presidente Tabaré Vázquez.

A los camioneros les molestan el inminente aumento de los combustibles, sin que se haya puesto en marcha el denominado gasoil "diferencial" (aunque el ministro de Transporte, Víctor Rossi, se mostró proclive a las propuestas de los empresarios sobre este aspecto), la concesión de subsidios a medios de transporte con los que compiten como el ferrocarril y la navegación de cabotaje y la intención de la DGI de modificar sus criterios de inspección.

Ernesto Toledo, presidente de la gremial, dijo a El País que en cinco oportunidades la organización pidió sin éxito audiencia al ministro de Economía, Danilo Astori, por lo que ahora los camioneros pretenden reunirse con Vázquez.

La intergremial propuso la semana pasada a Rossi un sistema que incluiría un fideicomiso "de administración" y que supondría una devolución de impuestos o la concesión de un crédito fiscal para los transportistas consumidores de gas-oil. El ministro Rossi señaló ayer que los transportistas también propusieron un sistema de bonificación que supondría que no pagarían uno de cada once litros del combustible que se les entregase en las estaciones de servicio. Consideró a esta iniciativa interesante porque no supone un combustible "diferencial", no modifica aspectos tributarios y puede suponer un paliativo en momentos de petróleo caro.

Toledo dijo también que los transportistas están molestos con que el proyecto de presupuesto prevea un subsidio de U$S 11 millones anuales para el ferrocarril. Otro punto irritante para los empresarios es que si se fiscaliza por parte de la DGI a las firmas formales por su actuación en la última década, se incumpliría un acuerdo de 2003 que apuntaba a facilitar la formalización en el sector. Ese acuerdo, dijo Toledo, suponía la no revisión de la situación de las empresas previas a esa fecha.-

Fuente:  Diario "El País" de fecha 6 de setiembre de 2005.