Noticia publicada en el sitio web de el diario "El País" con fecha 17 de junio de 2003.
REUNION | Transportistas de bebidas comparecieron al Parlamento para alertar sobre la situación.
Denuncian que el monopolio cervecero causa desempleo.
Plantean que ya a fin de mes unas 80 personas quedarán sin trabajo; solicitan con urgencia una ley interpretativa.
La
Federación de Transporte de Bebidas (Fetrabe) denunció ayer ante el Parlamento
la conformación de un monopolio en la comercialización de cervezas que afecta
gravemente al sector, provoca la pérdida de fuentes de trabajo y viola la ley
vigente.
Representantes
de la institución comparecieron ante el Senado para presentar un proyecto de
ley interpretativo de la actual normativa.
Decenas
de camiones rodearon el Palacio Legislativo en señal de respaldo, mientras
transcurría la entrevista que se realizó con el senador colorado Julio
Herrera, que actuó en representación del titular de la Cámara Alta, Luis
Hierro López, ya que éste está en ejercicio de la presidencia por el viaje de
Jorge Batlle a Asunción para participar de la cumbre del Mercosur.
Concretamente,
la organización denunció que la fusión de las companías que comercializan
cervezas en Uruguay determinó la eliminación de la competencia en el mercado y
advierte que los efectos por esa situación ya comenzaron a vislumbrarse con el
anuncio del despido de 20 transportistas de Montevideo y Canelones.
"Eso
significa la pérdida de la fuente de trabajo para 80 personas y sus familias,
lo cual se suma al cierre de la planta de Norteña en Paysandú y al anunciado
cierre de la planta cervecera de Salus en Minas", dice un documento que
entregaron las autoridades de Fetrabe al Parlamento.
"Además
de inconveniente para los intereses industriales del país, el monopolio
cervecero es ilegal en virtud de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la
ley 17.243", agrega la nota.
"Una
multinacional brasileña y argentina pone las condiciones y no hay negociación
para mitigar los efectos de esa situación", declaró a El País el gerente
de Fetrabe, Robert Batista.
EQUIVOCADA.
La organización recuerda en el documento que el ministro de Industria, Energía
y Minería, Pedro Bordaberry, presentó ante la Dirección General de Comercio
una denuncia solicitando la investigación de los hechos, la cual se encuentra
en trámite.
Y
agrega que contra la voluntad del legislador, la Dirección de Comercio
"realizó una interpretación de la norma absolutamente equivocada" lo
que motivó la elaboración de una iniciativa aclaratoria por parte de Fetrabe.
El
proyecto de ley interpretativo del artículo 14 de la ley 17.243, pide que se
declare que "la simple conquista del mercado resultante del proceso natural
fundado en la mayor eficiencia de un agente económico o empresa en relación a
sus competidores, no constituye violación a las normas sobre defensa de la
competencia y por consiguiente no se encuentra prohibida".
Y
agrega: "Por el contrario, sí deben considerarse prohibidos cualquier
acuerdo y práctica concertada entre agentes económicos, las decisiones de
asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más
agentes económicos, que tengan por efecto o consecuencia, impedir, restringir o
distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción,
procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios. Por
consiguiente —dice el proyecto— se considera ilícita la conquista del
mercado resultante tanto de acuerdos entre empresas, como de asociaciones, de
fusiones, de enajenaciones de establecimientos comerciales, de decisiones de
asociaciones de empresas o de cualquier acto o negocio jurídico, que genere en
el mercado cualquiera de los efectos referidos en el inciso anterior".
DISTRIBUCION.
Asimismo, Fetrabe planteó al Parlamento la necesidad de considerar la aprobación
de una ley que regule la actividad de distribución de productos alimenticios y
bebidas.
Asegura
que la norma vigente aprobada durante la dictadura se originó para fijar
"la responsabilidad de los distribuidores a los efectos fiscales,
estableciendo que cuando existe un contrato de distribución se presume que la
compañía y la distribuidora son empresas independientes, cada una responsable
ante los organismos tributarios correspondientes".
La
nota señala que la norma "nada dice" sobre "otros aspectos
relevantes respecto a la actividad comercial de los distribuidores y su
relacionamiento jurídico con las empresas productoras que habitualmente les
exigen la suscripción de contratos leoninos de adhesión".
Dice
que los contratos "son de muy corta duración, no superior a un año"
y en caso "de no renovación del mismo se genera un verdadero caos para la
empresa distribuidora que invirtió en posicionar a la marca en su zona".
"Esta
abismal desigualdad económica y comercial debe corregirse fijándose derechos mínimos
a favor de los distribuidores, estableciéndose un plazo mínimo de los
contratos de distribución, el derecho a una indemnización en caso de ser
cesados por la compañía y la creación de un órgano con competencia para
dirimir las diferencias de interpretación y aplicación de los contratos".
Marcas
ilegales
Los
transportistas de la bebida replantearon el tema de la ilegalidad en la
industria y piden al gobierno un trato igualitario. "Debe tenerse presente
que las principales compañías de bebidas retienen a los transportistas el 70%
del IVA sobre los fletes realizados, lo que luego vierten mensualmente a DGI
como pago a cuenta de la liquidación mensual por concepto de IVA que le
corresponde abonar a cada transportista", relata el documento presentado en
la víspera al Senado.
"En
definitiva —agrega— lo que pedimos es que el Estado controle no solamente a
los transportistas de las marcas de bebidas líderes en el mercado, sino también
a los transportistas de aguas y refrescos de todas las marcas".
El
gerente de Fetrabe, Robert Batista, dijo que hay 164 marcas de agua que se están
repartiendo a domicilio sin los controles bromatológicos respectivos.-